Reforma de pensiones: la prueba de fuego de Temer

El gobierno del presidente Michel Temer está buscando apoyo en el congreso brasileño para una enmienda constitucional, conocida como la PEC 287, que evite la inminente crisis que se avecina en el sistema de pensiones que absorbe una creciente parte del gasto público y que tiene importantes pasivos no financiados.

Las pensiones en Brasil son ampliamente vistas como demasiado generosas para algunas categorías de empleados, al tiempo que no cubren adecuadamente a otros. Una comisión de la Cámara de Diputados empezó a discutir la reforma a mediados de febrero.

El proyecto propone establecer una edad de jubilación obligatoria única de 65 años para hombres y mujeres y un período de transición para los actuales empleados. Lograr que sea aprobado para mediados de año podría impulsar la confianza empresarial y ayudar a estimular la recuperación. Aunque el gobierno cuenta con mayoría en el congreso, los cambios son impopulares y su aprobación no está asegurada.

Problema significativo

El problema de las pensiones es grave. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que los beneficios de las pensiones públicas y privadas representan 11,3% del PIB, una de las tasas más altas del mundo (el promedio para las economías de la OCDE es de 7,8%).

El porcentaje podría aumentar fuertemente a medida que envejece la población, lo que significa que habrá más pensionados y comparativamente menos personas empleadas. Esto va a elevar el ratio de dependencia de Brasil, que mide la proporción de personas que no están en edad laboral, de 45% del total de la población actualmente a cerca de 60% para 2050.

La mayoría de las pensiones de Brasil están en el sistema de reparto, con los beneficios fijados en una proporción inusualmente elevada del salario final promedio. Esta generosidad alienta las jubilaciones anticipadas (el promedio en Brasil es de 57 años y medio, comparado con los 64 de la OCDE). Muchos pensionados entonces buscan un nuevo empleo, mientras acumulan sus pensiones.

También significa que la nación tiene una alta tasa de reemplazos, definida como el ratio de los beneficios de una pensión promedio al promedio de salarios ganados por trabajadores activos. Una tasa de reemplazo más alta significa que el sistema necesita más empleados activos para financiar a cada retirado. La tasa de Brasil es de 75%, comparado al promedio de la Unión Europea de 56%.

En tanto, solo cuatro de cada diez brasileños elegibles están actualmente aportando al sistema principal de pensiones liderado por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Como resultado, el gobierno tiene que compensar cada vez más las deficiencias en el sistema de pensiones. El servicio civil y las pensiones militares por si mismos el año pasado requirieron de un subsidio del gobierno central estimado de US$ 22.400 millones. Eso solo puede aumentar: el FMI calcula que sin la reforma, los beneficios de las pensiones subirán a 18% del PIB en 2021 y a 26% en 2050.

Edad mínima

El Proyecto PEC 287 está diseñado para volver a controlar el gasto de pensiones. Propone una edad mínima obligatoria de retiro de 65 años tanto para hombres como para mujeres. Según el proyecto, luego de alcanzar esa edad y habiendo hecho contribuciones por al menos 25 años, los beneficiarios calificarán para una pensión equivalente de 76% de sus ganancias finales. Por cada año extra que trabajen después de los 65, obtendrán un incremento de los beneficios equivalente a un punto porcentual de las ganancias finales. Esto significa que un pensionado necesitará haber trabajado 49 años para calificar para el 100% de todos sus ingresos: el mecanismo tiene intenciones claras de reducir el ratio de reemplazos. El nuevo enfoque se aplicará a todos los ámbitos, con la excepción de las pensiones militares, que se abordarán más adelante.

Batalla legislativa

Como enmienda constitucional, el PEC 287 necesita ser aprobado por una mayoría de tres quintos (308 de 513 diputados) en dos rondas de votación consecutivas en la Cámara de Diputados, para luego ser seguido por dos rondas similares en el senado, donde se necesitan los votos de 49 de los 81 legisladores. La coalición de centro derecha del gobierno ya ha demostrado que puede reunir esta mayoría, al aprobar con éxito la ampliación del límite del gasto del gobierno federal a 20 años en diciembre. De hecho, ese tope significa que si no se aprueban las reformas de pensiones, el subsidio de pensiones cada vez mayor tendría en el futuro un efecto de “exclusión”, forzando a una reducción de otras inversiones públicas esenciales y del gasto corriente. Por lo tanto, sin la reforma de pensiones, el límite federal del gasto probablemente sea inoperable a largo plazo.

Parece que el gobierno será capaz de lograr una aprobación del congreso sobre la reforma de pensiones en el momento deseado, antes de la mitad de este año.

El presidente Eliseu Padilha ha dicho que el cambio tiene el apoyo de más del 80% del congreso y que los puntos clave, como la nueva edad de retiro, no son negociables. Pero existen potenciales desafíos. El diablo estará en los detalles, particularmente la transición desde el antiguo al nuevo sistema, que podría afectar desproporcionadamente a algunos grupos de trabajadores. Fuera del congreso, entre la población, los cambios son impopulares. Una encuesta de enero sugiere que el 47% de la ciudadanía se opone al aumento de la edad mínima de retiro, lo que no es sorprendente. Aunque severamente debilitados en el congreso, fuera de él, los partidos de oposición del ala izquierdista y los sindicatos pueden tratar de reunir apoyo para protestar en contra de los cambios.

La reforma de pensiones será una importante prueba de la evolución del estado de ánimo político en el país. Nuestra hipótesis básica es que será aprobada sin diluirse hasta hacerla ineficaz; de lo contrario la confianza de los inversionistas en la mayor economía de Sudamérica va a sufrir.